lunes, 30 de mayo de 2011

Puno II

A propósito del violento paro anti minero

El Gobierno ha cedido parcialmente en los tres puntos, y las actividades retornan lentamente a  su cauce normal. Sin embargo, la situación es todavía complacida debido a que en el último tramo del conflicto muchos municipios y localidades se han sumado a las protestas cargando sus propios pliegos de reclamaciones.
Algunas personas tratan del paro como una confabulación del Sr. Humala para quebrar un proceso electoral potencialmente adverso (Así lo denuncio su opositora, la Sra. Fujimori). Otros tratan de mostrar que el ataque a las oficinas estatales recaudadoras de impuestos es una prueba de que en el motor del conflicto es un  programa sedicioso que busca destruir el estado (suponemos que para imponer otro). Yo quiero ver las cosas desde una perspectiva más estructural, si se me permite emplear una categoría un poco apestosa entre ciertos medios de las ciencias sociales.

Los conflictos de estos últimos años se han focalizado allí donde hay recursos naturales que extraer. Esta es una suerte de guerra económica en la cual un modelo  económico se aplica sin considerar la existencia de otros modos de vivir, acaso menos eficaces en términos de balanza comercial; pero más inmediatamente vinculados con  la subsistencia de importantes núcleos demográficos. Las organizaciones anti mineras de Ancash y Cajamarca, los muertos de Bagua y ahora los desborde de Puno son los puntos críticos de esta tendencia general.

En este periodo económico, los recurso que van a adquirir cada vez mayor importancia son  los energéticos, el agua y los mineros, en un cuadro de cambio climático. No existe un programa estratégico en el país para enfrentar esta cuestión, que reconfigurará completamente la rus peruana y su perfil étnico; Los recursos están en el lugar donde viven pueblos tradicionales. En buena cuenta, la cuestión de los recursos tiene un componente estratégico que se cruza con el programa etno cultural del país.

En este cuadro, el conflicto con los aimaras era inevitable. El Estado no quiere ver a los pobladores tradicionales como personas con derechos, sino como una rémora histórica que se debe extirpar. La llamada doctrina del perro del hortelano, esgrimida por el Sr. García Pérez, o las esterilizaciones masivas impulsadas durante la dictadura de la década pasada son una muestra de lo que aquí se afirma, sin contar con que, durante la gestión gubernamental que concluye, el INDEPA, organismo de estado encargado de los asuntos indígenas, se convirtió en una oficina desde la cual los ineptos burócratas administraban las elecciones internas de partido gobernante.

Las sociedades tradicionales viven un poco al margen del Estado, otro poco conviviendo informalmente con  él. Los aimaras son  eso. En los mercados abiertos de Juliaca, por ejemplo, el control de los  delincuentes no los hace la policía ni el serenazgo, sino los propios comerciantes organizados (que además, se niegan a pagar impuestos). Una gran mayoría de esta gente vive del comercio de contrabando. Es lógico que ven a los recaudadores de impuestos como sus enemigos, máxime cuando se sabe que son corruptos, abusivos y prepotentes. Para un puneño común y corriente, los policías de aduanas son una marabunta despreciable, ladrones con uniforme, corsarios que entran a los ómnibus para quitarles las mercancías que luego se las reparten entre ellos, sin redactar siquiera actas de incautación.

En esa desordenada vindicta, ladrones comunes y corrientes actuaron, es otro hecho, inevitable en circunstancias de ese cariz, más si la policita también es vista como brazo del estado incautador, aherrojador y corrupto.

La calma ha vuelto; pero las raíces del conflicto siguen allí, manteniendo un rescoldo que las ventiscas altiplánicas pueden reiniciar el incendio

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