lunes, 30 de mayo de 2011

Puno II

A propósito del violento paro anti minero

El Gobierno ha cedido parcialmente en los tres puntos, y las actividades retornan lentamente a  su cauce normal. Sin embargo, la situación es todavía complacida debido a que en el último tramo del conflicto muchos municipios y localidades se han sumado a las protestas cargando sus propios pliegos de reclamaciones.
Algunas personas tratan del paro como una confabulación del Sr. Humala para quebrar un proceso electoral potencialmente adverso (Así lo denuncio su opositora, la Sra. Fujimori). Otros tratan de mostrar que el ataque a las oficinas estatales recaudadoras de impuestos es una prueba de que en el motor del conflicto es un  programa sedicioso que busca destruir el estado (suponemos que para imponer otro). Yo quiero ver las cosas desde una perspectiva más estructural, si se me permite emplear una categoría un poco apestosa entre ciertos medios de las ciencias sociales.

Los conflictos de estos últimos años se han focalizado allí donde hay recursos naturales que extraer. Esta es una suerte de guerra económica en la cual un modelo  económico se aplica sin considerar la existencia de otros modos de vivir, acaso menos eficaces en términos de balanza comercial; pero más inmediatamente vinculados con  la subsistencia de importantes núcleos demográficos. Las organizaciones anti mineras de Ancash y Cajamarca, los muertos de Bagua y ahora los desborde de Puno son los puntos críticos de esta tendencia general.

En este periodo económico, los recurso que van a adquirir cada vez mayor importancia son  los energéticos, el agua y los mineros, en un cuadro de cambio climático. No existe un programa estratégico en el país para enfrentar esta cuestión, que reconfigurará completamente la rus peruana y su perfil étnico; Los recursos están en el lugar donde viven pueblos tradicionales. En buena cuenta, la cuestión de los recursos tiene un componente estratégico que se cruza con el programa etno cultural del país.

En este cuadro, el conflicto con los aimaras era inevitable. El Estado no quiere ver a los pobladores tradicionales como personas con derechos, sino como una rémora histórica que se debe extirpar. La llamada doctrina del perro del hortelano, esgrimida por el Sr. García Pérez, o las esterilizaciones masivas impulsadas durante la dictadura de la década pasada son una muestra de lo que aquí se afirma, sin contar con que, durante la gestión gubernamental que concluye, el INDEPA, organismo de estado encargado de los asuntos indígenas, se convirtió en una oficina desde la cual los ineptos burócratas administraban las elecciones internas de partido gobernante.

Las sociedades tradicionales viven un poco al margen del Estado, otro poco conviviendo informalmente con  él. Los aimaras son  eso. En los mercados abiertos de Juliaca, por ejemplo, el control de los  delincuentes no los hace la policía ni el serenazgo, sino los propios comerciantes organizados (que además, se niegan a pagar impuestos). Una gran mayoría de esta gente vive del comercio de contrabando. Es lógico que ven a los recaudadores de impuestos como sus enemigos, máxime cuando se sabe que son corruptos, abusivos y prepotentes. Para un puneño común y corriente, los policías de aduanas son una marabunta despreciable, ladrones con uniforme, corsarios que entran a los ómnibus para quitarles las mercancías que luego se las reparten entre ellos, sin redactar siquiera actas de incautación.

En esa desordenada vindicta, ladrones comunes y corrientes actuaron, es otro hecho, inevitable en circunstancias de ese cariz, más si la policita también es vista como brazo del estado incautador, aherrojador y corrupto.

La calma ha vuelto; pero las raíces del conflicto siguen allí, manteniendo un rescoldo que las ventiscas altiplánicas pueden reiniciar el incendio

domingo, 29 de mayo de 2011

Puno

A propósito del violento paro anti minero.

Puno es casi un  pedazo de Bolivia en el Perú. Quienquiera que visite una feria en Ilave o un mechado en Juliaca o Puno,  verá casi lo mismo en Oruro, en Potosí o en La Paz.

El suroeste de Puno es aimara: Es una forma de describir los hechos sociales si empleamos la entidad lingüística como rótulo étnico; y el rótulo étnico como delimitación geográfica. El hecho es que tres provincias aimaras de Puno se han alzando en un paro con francos ribetes insurreccionales plantando un programa económico opuesto al del Gobierno Central, que impulsa un proyecto económico basado en la optimización de capacidades de la economía extractiva. Los promotores de la protesta no quieren minería.

Los huelguistas quieren tres cosas:

Derogar el Decreto Supremo 083 – 2007 que permite concesiones mineras a una empresa extranjera en áreas de frontera con Bolivia.

Cancelar definitivamente las concesiones mineras de la zona sur

Declarar intangible el Apu Khapiya, pequeña montaña sagrada de la zona de Yunguyo.

Vistas las cosas con objetividad, estas exigencias no son  arbitrarias. El Apu Khapiya tiene fuentes de agua de las que vive buena parte de la población  circundante, y un proyecto minero puede poner en riesgo su equilibrio de recursos. Por otro lado, el Titicaca es una cuenca endorreica, y cualquier actividad que presione demasiado sobre su ecología, drenará tóxicos al lago, que no tiene salida; pues todo le balance hídrico del Titicaca se mantiene por evaporación. Finalmente, conceder áreas para explotación a empresas extranjeras en las áreas de frontera es un asunto regulado por las normas legales peruanas, en perspectiva de garantizar la integridad territorial del país.

El contra argumento es también válido: La minería provee en estos momento más de la mitad de lis impuestos a la renta que se recaudan en el país; la minería es una de las pocas actividades de alto impacto socioeconómico, que promueve el desarrollo descentralizado y volúmenes fuertes de inversión fuera de Lima; y luego, si no hay minería formal, en poco tiempo los informales extraerán y dañarán mucho mas y de modo más descontrolado el medio ambiente local.

Si están claros los argumentos y contra argumentos ¿por qué no fluyen el dialogo y el debate? el problema no es de razones, sino de inexistencia de condiciones de negociación: un ambiente pre electoral enrarecido; un gobierno de salida que no quiere comprometerse más, que ha mostrado absoluta inepcia en negociar políticas de desarrollo con la sociedad y que ha ejecutado un proyecto monotemático dirigido por un presidente también monotemático y poco inteligente (aunque muy hábil comunicador); y una sociedad que nunca se ha sentido parte integrante del proyecto nacional, y que ha vivido un poco en la formalidad, otro poco en la informalidad y otro poco más en la ilegalidad. Puno tiene la ciudad con el mayor desarrollo informal de economía es la ruta del mayor volumen de contrabando en el Perú.  Tras esto están algunas explicaciones de los hechos y las causas de que, en le fondo es un conflicto prolongado, que deberemos aprender a manejarlo por encima de las propuestas simplistas como aquella de “informar adecuadamente a la población”.