sábado, 6 de junio de 2009

Bagua

Hemos reaccionado a destiempo. Entregados a la tarea de comprender razonablemente las implicaciones legales y económicas de los decretos legislativos puestos en cuestión por la AIDESEP, no nos hemos dado tiempo para advertir que el nivel de conflicto se acumulaba, para dar lugar a la irresponsable acción de emplear cerca de 700 policías y un número indeterminado de refuerzos del ejército, para desalojar a cerca de cuatro mil indígenas y pobladores de Bagua de la carretera que habían obstruido desde hacía algunas semanas.

El día anterior el premier Yehude Simon se había reunido con Alberto Pizango, líder de la AIDESEP, federación indígena amazónica que se alzó en huelga nacional contra un conjunto de medidas jurídicas del gobierno que afectan, efectivamente el ordenamiento constitucional del país. Todo indicaba que las soluciones o las treguas podían ya iniciarse. Sin embargo, la intervención policial-militar del gobierno demuestra el clásico proceder de manejar dobles discursos y dobles ejecuciones. Es la famosa escopeta de dos cañones: ganar tiempo en la negociación política con la dirigencia y enviar un contingente armado para presionar a las bases. Es obvio que la operación, por su tamaño y envergadura, no se hizo en pocos días, ni se resolvió como consecuencia de los pre acuerdos del día anterior.

Por lo mismo, en la balanza del cálculo de malicias, no es el proceder de Pizango, sino el del Gobierno el que merece mayor atención. Pero hay otros detalles a considerar: técnicamente, una empresa militar policial que produce más de un centenar de heridos (el hospital de Bagua colapsó por atenderlos) y acaso cuarenta muertos entre policías y pobladores, es una operación errada, y merece desaprobación tanto política, como técnica.

El otro punto es político. Algunos descerebrados como el congresista Mulder han decidido enfilar sus baterías contra Alberto Pizango resolviendo la compleja trama de las cosas en una acusación personal a un soliviantador de los ánimos de los indios. Argumento similar se empleó oportunamente contra líderes de distintos procesos sociales, sindicales y políticos, incluido el de Juan Santo Atahuallpa.

Un tercer punto es de mayor alcance. Debemos pensar que hay razones que ameritan una intención criminal en el sanguinario allanamiento de la huelga indígena, y que deberemos confiar en largos procesos judiciales por genocidio que puedan llevar a algunos de éstos irresponsables a los mismos banquillos en los que la sociedad de derecho logró sentar al señor Fujimori.

Un cuarto punto es qué hacer hoy: Debemos buscar mediadores (¿Gastón Garatea?). Los decretos en cuestión deben suspenderse por un periodo prudencial. Mientras se pronuncia el Tribunal de Garantías Constitucionales y otros entes rectores. La modernización del país (si así quiere llamársele al programa político detrás de estos hechos) no puede abonarse con sangre.